COVID-19: ¿Y qué pasa con la cooperación al desarrollo?
Estamos ante una crisis global que requiere una respuesta global y solidaria, con los derechos de niños y niñas ocupando un lugar central.
25/05/2020
La pandemia de la COVID-19 nos ha puesto en una situación sin precedentes a nivel mundial. De una forma dolorosa, ha evidenciado lo que la Agenda 2030 llevaba años tratando de explicarnos: somos interdependientes, y sólo podremos lograr el bienestar de todas las personas, y el desarrollo sostenible, garantizando los derechos humanos, promoviendo la salud y la educación universal, luchando contra las desigualdades, protegiendo el medioambiente, cooperando y generando alianzas.
Estamos ante una crisis global que requiere una respuesta global y solidaria, ya que la capacidad mundial de frenar la pandemia dependerá de la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios más frágiles y con menos recursos. A pesar de esta evidencia, de forma paradójica vemos cómo el abordaje de la crisis económica está poniendo en riesgo los compromisos con la cooperación al desarrollo. Ya se han hecho los primeros anuncios de recortes en presupuestos autonómicos de cooperación al desarrollo, y hay preocupación sobre si se mantendrá el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) al 0,5% como se anunció al inicio de la legislatura.
La cooperación al desarrollo ante la crisis del COVID-19 proporciona los argumentos que necesitamos para defender una respuesta solidaria y eficaz a la crisis, que fortalezca el multilateralismo, y que asegure que no se dejan de lado los procesos de desarrollo que estaban en marcha, que son imprescindibles tanto para salir de la pandemia como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Asimismo, el documento visibiliza el enorme impacto que la crisis está teniendo en los derechos de la infancia. Si no actuamos rápidamente y de manera efectiva, niños y niñas serán quienes soporten el mayor peso de las consecuencias a medio y largo plazo, a pesar de no ser quienes sufren los efectos más perniciosos del virus a nivel sanitario.
Las desigualdades internacionales y en el interior de los países se ponen de manifiesto con especial crudeza en este contexto, y se prevé que el impacto de la crisis las va a exacerbar. Serán los niños y niñas que ya vivían en condiciones de exclusión, pobreza o discriminación, quienes sufran las consecuencias más graves, que podrán comprometer su desarrollo presente y futuro, y por tanto el de sus sociedades, que encontrarán obstáculos adicionales para el cumplimiento de los ODS.
Es por todo ello que los derechos de niños y niñas deben tener un lugar central en la respuesta de la cooperación al desarrollo, y por ello desde UNICEF lanzamos una serie de recomendaciones a la cooperación estatal y descentralizada, para asegurar que se atienden tanto a las necesidades humanitarias inmediatas como a las consecuencias socioeconómicas de la crisis en niños y niñas.
La importancia de la cooperación en 5 puntos
- Estamos ante una crisis global que requiere una respuesta global y multilateral. Resulta más imprescindible que nunca el compromiso de la comunidad internacional con la inversión en AOD.
- La crisis del COVID-19 es una crisis de los derechos de la infancia: niños y niñas corren el riesgo de convertirse en las “víctimas ocultas” de la pandemia.
- La respuesta debe ser multisectorial. La emergencia actual ha puesto de manifiesto que debemos reforzar no solo la inversión en programas de salud global, sino que la cooperación internacional en otros sectores es más necesaria que nunca.
- La respuesta de la cooperación no puede ser únicamente de emergencia, sino también de desarrollo: es importante no dejar de lado la atención a otras crisis humanitarias y la continuidad de los proyectos de desarrollo que garantizan servicios básicos y derechos fundamentales.
- La cooperación española, estatal y descentralizada, ha conseguido logros históricos en los últimos años, mejorando la vida de millones de personas en todo el mundo, en especial entre la población más vulnerable. Hemos de evitar que la reducción de recursos y otras restricciones supongan un retroceso en indicadores fundamentales. No debemos dejar que la pandemia se convierta en un desacelerador de derechos y de progreso.